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El Parlamento de Navarra modifica la ley para especificar que no es necesario un permiso municipal de construcción para la instalación.

No se requiere licencia municipal de obras para la instalación de intercambiadores de calor y placas solares para consumo propio. Bastará con una declaración de responsabilidad y una notificación previa.

El jueves 21 de abril de 2021, el parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una propuesta para aclarar lo que ya recoge la actual ley de ordenación del territorio y urbanismo. Se trata de la supresión de este permiso antes de las «obras menores«, que en su momento recogía la normativa municipal.

Así, la norma aclara que esto incluye «el uso de energía solar privada en edificios o cobertizos de garajes que no tengan restricciones de potencia«.


Si se necesitará licencia

Sin embargo, esto no se aplica si la instalación de estas placas solares va a afectar a los cimientos o a la estructura del edificio, o si se requiere una evaluación del impacto ambiental.

También es necesario un permiso previo si los paneles se van a instalar en edificios declarados de valor cultural o registrados. La propuesta de Navarra Suma añade que, en estos casos, se buscarán soluciones «innovadoras» sin comprometer la necesaria protección de estos bienes, realizando las modificaciones necesarias para mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad, como ya prevé la ley.


Carga eléctrica para vehículos

La enmienda, impulsada por Geroa Bai y firmada por todos los grupos, también exime de licencia urbanística a los puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados en edificios «salvo que puedan incidir en bienes declarados de valor cultural o sujetos a otros regímenes de protección,


Exenciones al Reglamento

En estos casos no es necesario obtener previamente la licencia de obras, sino que basta con presentar una declaración responsable, que no supone la exención de los controles. La ley detalla a continuación que la declaración «no exime ni condiciona las facultades de inspección, control y sanción de la entidad local sobre las obras que no se ajusten a la legislación, al planeamiento o a la propia declaración responsable».


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